Realmente lo que atacó a las residencias de ancianos no fue el virus: fue un partido político

Realmente lo que atacó a las residencias de ancianos no fue el virus: fue un partido político

Se ha denunciado la grave crisis de las residencias de ancianos en Madrid durante los 4 años de la anterior legislatura, por lo que Podemos propuso una ley que fue bloqueada por el PP y Ciudadanos.


Los hogares de la Comunidad de Madrid atraviesan el mayor drama imaginable: 5.811 personas fallecieron tras sufrir síntomas atribuibles como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, solamente 1.130 tuvieron un resultado positivo en el diagnóstico de este virus.

De este modo, son los principales protagonistas del drama ocurrido en la comunidad autónoma, en la cual el balance total de las víctimas mortales es de 8.176. O sea que el 70% de las víctimas que murieron en Madrid residían en una de las 700 residencias existentes en la Comunidad.

Pero el hecho de que las residencias de ancianos de Madrid se hayan visto significativamente más dañadas con respecto a las del resto del país no es una coincidencia. La ciudad de Madrid tiene un sistema de privatización del 85% que ha sido entregado a las grandes empresas geriátricas y que en la mayor parte de los casos se ocultan en paraísos fiscales o se encuentran a merced de los llamados “fondos buitre“.

Recientemente hemos visto cómo el PP ha intentado sacar del incendio a su presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, responsabilizando de las muertes en los hogares al vicepresidente Pablo Iglesias. Con anterioridad, quiso culpar de las consecuencias de la pandemia en las residencias a Alberto Reyero de Ciudadanos, su asesor de gobierno, que sólo llevaba unos pocos meses en el puesto. Una vil e irresponsable estrategia dirigida a ocultar al principal culpable de la gestión desastrosa de los asilos durante más de 20 años: El mismo PP.

Y es que durante esta pandemia no sólo es verdad que se han mantenido intactas las competencias en materia de sanidad y políticas sociales para las autonomías, es decir, que el Gobierno del país nunca ha actuado y por consiguiente no han estado controladas en absoluto por parte de Pablo Iglesias, sino al contrario, que Ayuso constituyó un solo mando sanitario dirigido por el Consejero de Sanidad del Partido Popular, Enrique Ruiz Escudero, quien ha rechazado la medicalización de las residencias solicitada por el mismísimo Reyero y por todas las demás corrientes políticas de la oposición.

La medicalización de las residencias habría permitido paliar el desastre de las mismas y hubiese permitido salvar las vidas de sus residentes. Y habría sido un remiendo, debido a que la privatización y precarización de los trabajadores durante más de 20 años requiere mucho más allá de una mera medida de emergencia: requiere que se reforme legalmente el modelo por el que se sitúa el cuidado y el bienestar de todos nuestros ancianos en el centro.




Una conquista que estuvo a punto de conseguir el grupo parlamentario de Podemos en la legislatura anterior: presentaron una Ley de Residencias que fortaleció la participación de las asociaciones tanto de familiares como de residentes sobre las que se venía protestando desde hace años y pusieron a disposición de los medios de comunicación los terribles episodios que se estaban produciendo en dichas residencias. Al final, se rechazó la propuesta por el Partido Popular y con el respaldo de su actual socio, Ciudadanos.

Ya en 2015, desde su entrada en las instituciones, el grupo de Podemos mostró un gran interés y fue testigo presencial, aterrorizado, del descubrimiento de lo que estaba aconteciendo en las residencias de la Comunidad de Madrid. Ya el entonces diputado de Podemos responsable de las políticas sociales, Raúl Camargo, relató en un reciente artículo en el periódico El País, lo frustrante que resultó el fracaso de la aprobación de la ley que proponía su formación, y que hoy habría salvado vidas.

Expusimos incontables argumentos y testimonios directos que acreditaban la situación límite en estos centros, pero la respuesta del Gobierno del PP, con el apoyo de Ciudadanos, fue rotunda: no hace falta una ley. Los ratios de personal son correctos. Las residencias van bien. Solo creáis alarma social. Ha tenido que llegar una pandemia en forma de coronavirus para que la olla a presión de la atención residencial a personas mayores esté a punto de explotar.

 

¿Cómo se puede decir que las condiciones en los asilos de ancianos serían muy diferentes?

Simplemente porque la ley pretendía dignificar dichos centros para convertirlos en espacios donde los ancianos puedan vivir sus últimos años, y no en precarios almacenes que ocultan una desagradable realidad: el abuso de ancianos en las instituciones de la Comunidad de Madrid.

 

 

La propuesta del documento que presentó Podemos es mejorar la proporción de personal para que cada trabajador tenga un número menor de personas mayores que atender y de esta manera poder aumentar la calidad del servicio; mejor capacitación y terminar con la precarización de los trabajadores en un sector que se encuentra con un 90% del sexo femenino; ampliar los controles de la administración a las residencias privadas; fijar precios públicos asequibles; mejorar la capacidad de los familiares de participar e informarse y adaptar los centros para las personas que padecen discapacidades.

No obstante, el PP modificó el texto de la ley para dejar fuera algunos puntos fundamentales de los cuidados, como la dotación de personal. Entonces podemos considerar retirar la ley, ya que sin esas medidas la situación de las residencias no mejoraría, a juicio de la formación morada. Es inútil seguir impulsando un proyecto que sólo sirvió para que el Gobierno, encabezado en aquel tiempo por la entonces Presidenta Cifuentes, se adhiriera en cierta manera tras haber dejado de tomar medidas importantes para aliviar la problemática de las personas mayores.

Tanto fue el menosprecio del Grupo Popular por la situación que el Ministro de Política Social de la época, Carlos Izquierdo Torres, respondió con un “ladran, luego cabalgamos” a los reproches de las personas trabajadoras de las residencias de la tercera edad quienes en un momento dado se presentaron en el pleno de la Asamblea de Madrid con el fin de escucharlo pronunciarse respecto a su gestión.

Se le reprochó más tarde al entonces concejal, que seguía siendo un miembro popular de la Asamblea de Madrid, su desastrosa gestión y la distinción entre jóvenes “pobres” y “normales”.

Desde hace años se han presentado miles de quejas de familiares de la Comunidad de Madrid sobre el estado de las residencias: malos tratos físicos, problemas de higiene y saneamiento, deficiencias en la alimentación, infestaciones de insectos e inclusive la muerte de residentes, situación que culminó con la intervención del Defensor del Pueblo frente a la Comisión de Política Social de la Asamblea de Madrid

Sin embargo, los continuos esfuerzos de las dos fuerzas como Podemos y los familiares fueron inútiles: el nuevo gobierno de Ayuso comenzó la legislatura reconociendo que disponía de muy poco personal para su funcionamiento y con una cantidad de más de 500 reclamaciones en solamente una de las residencias, la del Parque de Los Frailes.

En este sentido, y ante la epidemia de coronavirus, el actual grupo parlamentario de Unidas Podemos anunció que volvería a presentar su proyecto de Ley de Residencias con base en un modelo público con el que se pretende conseguir en esta ocasión que las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid “garanticen unos ratios dignos”.

Llevamos años diciendo que el modelo de residencias de ancianos es insostenible. Hoy lo estamos demostrando con horror. Antes de que comenzara esta crisis, nos propusimos reformarlo. En cuanto pase insistiremos. Estoy seguro de que encontraremos el apoyo para hacerlo, dijo en Twitter el portavoz de Unidas Podemos, Jacinto Morano, cuando conoció los primeros datos de muertes en los centros de ancianos por el COVID-19

 

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